Autora: Diana Cuestas Rodríguez – Directora de Alianzas para el Desarrollo
La confianza en los proyectos minero-energéticos parte de un mayor conocimiento de quienes tienen que ver con ellos, algo difícil de lograr sin el diálogo constante.
A poco más de un mes de conocer las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre Fracking, en donde se dio vía libre a los proyectos piloto para el fracturamiento hidráulico en Colombia, vale la pena recordar y analizar su primera recomendación para implementar esta tecnología: Contar con Licencia Social.
Más que una recomendación, las empresas mineras, petroleras y energéticas, deberían tomarlo como una de las etapas vitales de sus respectivos proyectos. Como se ha demostrado ya, la licencia social se ha convertido en el mayor riesgo del sector[1]. Deberá ser una etapa de los proyectos que necesita tiempo en los cronogramas, recursos en los presupuestos y un equipo dedicado a conseguirla y mantenerla.
La Licencia Social se basa en un buen entendimiento entre las partes (empresas y comunidades), de las prioridades y el futuro del municipio, y de lo que será el proyecto y la forma en que operará.
Por eso, las conversaciones cercanas en donde las comunidades puedan plasmar sus expectativas, sean escuchadas y se vean reflejadas en la operación del proyecto, son clave a la hora de conseguir el aval para operar en un territorio.
Ya se ha dado un paso importante desde que las empresas empezaron a migrar de una operación oculta y poco visible (bajo perfil) a hacerse más presentes y visibles en los territorios. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, al interior de las organizaciones, para entender la importancia de la Licencia Social en la estructura de los proyectos.
El ADN de las compañías debe seguir evolucionando para adaptarse, desde su estructura interna, a un entorno mucho más activo, atento e involucrado en los proyectos. Conseguir la Licencia Social es una tarea de todos y no exclusiva del área de relacionamiento. Desde el área de compras y abastecimiento, pasando por la operación in situ, hasta los contratistas en campo, deben empeñarse en lograr una buena relación con las comunidades vecinas.
Lo anterior puede implicar ser más flexibles para implementar pequeños ajustes, que aunque signifiquen un esfuerzo menor, pueden representar grandes cambios y muestras de compromiso ante los diferentes grupos de interés.
Precisamente, es ese compromiso de las compañías lo que mantendrá abierta la conversación constante que permite, no sólo avanzar en la consecución de una licencia social para operar, sino que también invita a las empresas a reflexionar y replantear la forma en la que hacen las cosas. El resultado será mejores empresas con mayores aportes a los territorios.
[1] De acuerdo al estudio “10 riesgos de la minería” de EY Global.
