Por: Andrés Aristizábal, Gerente de Derechos Humanos JA&A
El reconocimiento de derechos a través de leyes nacionales e internacionales ha significado un importante cambio de paradigma en las relaciones de poder entre la sociedad y los Estados. Su conquista es el producto de luchas sociales -sí, incluye la protesta- que se reiteran a través del tiempo, y que terminan representando una garantía legal que contribuye a una mayor inclusión social y cultural de todas las personas en sociedad. Si nos remontamos a la historia en torno al reconocimiento de derechos, se suele destacar la Carta Magna Inglesa de 1215 y con la Carta de Derechos Británica de 1688. Estas disposiciones limitaron el poder del monarca para repartirlo entre la nobleza. Otros hitos históricos fueron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, que establecieron una igualdad formal en sus legislaciones entre todos los “hombres” (Derechos humanos: historia y conceptos básicos) y fueron los cimientos de las Repúblicas y la democracia liberal.
Si bien estas regulaciones marcaron una ruptura entre el poder absoluto del monarca y sus súbditos, y trazaron el camino de las primeras constituciones modernas en las que se reconocieron múltiples derechos, estas prerrogativas eran negadas a determinadas poblaciones como a los afrodescendientes, mujeres, extranjeros, entre otros. Eran épocas en las que a las personas negras no se les reconocía como tal y a las mujeres se les concebía como seres sin capacidad de autodeterminación y representación.
Después de los acontecimientos de la segunda guerra mundial en la que millones de personas fueron asesinadas en razón de su sexo, etnia o religión, surgió en el escenario internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Este instrumento reconoce numerosos derechos civiles, políticos y sociales, y en su artículo 2 dispone que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Es en este punto donde podemos hablar con mayor precisión de derechos humanos, puesto que son prerrogativas que suponen la libertad y dignidades que las personas tienen por el sólo hecho de nacer, no por su origen o color de piel, tampoco por su apellido, nacionalidad o religión que practique. Es innegable el avance que representó la concepción de los derechos humanos y sus repercusiones a nivel mundial1, sin embargo, es importante reconocer que en la actualidad la democracia liberal está en una de sus peores crisis y, con ella, la concepción de derechos humanos que está anclada bajo este sistema.
La democracia liberal se tambalea en Europa del Este -donde nunca tuvo total aceptación-, es desafiada por Rusia y China, es amenazada por los populismos en Europa del Oeste, América del Norte y América Latina. Uno de los líderes políticos que mejor representa esta situación es Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría, quien afirmó que “la era de la democracia liberal se terminó”, lo que supone en buena medida la abolición de la Declaración de Derechos Humanos y la dignidad humana. Esto también se ve representado en el crecimiento de los nacionalismos populares y la instalación de políticas xenófobas en los países desarrollados, los cuales han optado por retirar su capacidad naval en el mediterráneo para no auxiliar a las personas que deambulan en los mares pretendiendo llegar a Europa, e incluso han obstruido las actividades de rescate de las ONG2.
Este escenario de debilitamiento de los Estados liberales, de populismos xenofóbicos y, en términos generales, de una crisis moral de la política nacional e internacional, no pareciera ser el mejor contexto para el reconocimiento y reivindicación de derechos de poblaciones que se les ha obstaculizado históricamente, entre los que se encuentran las poblaciones migrantes. Si bien este es un fenómeno que siempre ha existido, el volumen que tiene en los tiempos modernos no tiene precedentes y es de escala mundial3. Sin embargo, podemos encontrar experiencias más esperanzadoras. En la actualidad Colombia está recibiendo uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en el continente americano y el segundo a nivel mundial después de la migración siria.
Pese a la magnitud del fenómeno migratorio y la debilidad económica e institucional del Estado colombiano, su respuesta ante esta crisis ha sido generar diversos mecanismos que han intentado mitigar la crisis de los ciudadanos venezolanos. Instrumentos como los Permisos Especiales de Permanencia para regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos que, teniendo documentación sin vigencia para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional; la presentación de documento CONPES que establece lineamientos de la política pública para responder al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela; el otorgamiento de nacionalidad colombiana a los niños nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos que estaban en riesgo de apatridia, han sido algunas de las estrategias para gestionar y mitigar la crisis humanitaria de los venezolanos que han ingresado al país.
Sin poder decir que las estrategias han sido suficientes para atender los padecimientos de los venezolanos o para incorporarlos de forma integral a la sociedad, sí podemos decir que estas medidas manifiestan una voluntad política y una solidaridad que no se ve reflejada en las medidas que toman la mayoría de países desarrollados. El más reciente anunció del Estado colombiano es la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este instrumento tiene como objetivo permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario4.
Esta ambiciosa estrategia tiene el reto de integrar social y culturalmente a casi dos millones de venezolanos que se encuentran en el país, un desafío complejo no sólo por la magnitud de la migración venezolana y por las condiciones políticas actuales del país, sino porque las luchas de poder que se expresan en derechos humanos implican procesos mucho más complejos que la mera acumulación de conquistas jurídicas.
También implica que como sociedad reconozcamos otros factores, como que la migración o la movilidad humana no es un fenómeno ajeno a Colombia como nación, implica explorar la migración no sólo como un asunto de reconocimiento de derechos sino de desarrollo, implica reconocer la riqueza cultural de otras naciones y, en definitiva, evidenciar que como nación5 también estamos permeados de múltiples culturas, orígenes y cosmovisiones, pues “en el fondo somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco”.
1La Declaración no es un tratado y como tal los Estados no lo ratifican. Sin embargo, ha inspirado los tratados que versan sobre derechos humanos. En la actualidad, todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los tratados internacionales sobre derechos humanos y, de hecho, el 80% de ellos ha ratificado cuatro o más.
2 La comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha catalogado la respuesta de los países europeos ante la crisis de refugiados y migrantes que intentan llegar al continente a través del Mediterráneo como “uno de los ejemplos más evidentes de cómo las malas políticas migratorias socavan la legislación en materia de derechos humanos y han costado la vida a miles de seres humanos”.
3En 2019 el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo. Asia acoge alrededor de 31% de la población, mientras que el dato para el resto de los continentes se reparte así: Europa 30%; las Américas 26%; África 10%; y Oceanía 3% (datos del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración).
4De acuerdo con Migración Colombia el 56% de la población venezolana se encuentra de forma irregular. Esta es una de las mayores barreras que tienen los migrantes para acceder a derechos como la salud, trabajo digno y educación.
5De acuerdo con Cancillería hay aproximadamente 5 millones de colombianos en el exterior, mientras que, a nivel interno, el Observatorio Global del Desplazamiento Interno indica que a 2019 hay una cifra cercana a los 5,6 millones de desplazados.
