Sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas
Autor: Simón Mejía – Coordinador de Proyectos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- son metas globales que, a diferencia de sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, articularon al sector privado mundial para afrontar los desafíos planteados por la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien hay unas metas que involucran puntualmente al sector productivo de los países más desarrollados, hay otras que son más de índole de cooperación norte-sur, como se entiende la cooperación entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo.
Ese es el caso de Colombia, particularmente para el cumplimiento del ODS 16, titulado ‘Paz, Justicia e Instituciones Sólidas’. Este objetivo contiene indicadores muy loables como la Reducción significativa de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; o el fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, más para el caso colombiano hay otros indicadores que representan un reto de mayores proporciones para el Estado, aunque parezcan menos inspiradores.
¿Cuál es el reto en Colombia?
El principal reto en materia del ODS 16 para Colombia radica en el fortalecimiento y expansión del Estado. Esto, en otras palabras, es garantizar la oferta institucional en todo el territorio y que esta sea, además, de calidad. Como parte de esta meta global se encuentran indicadores como: la Promoción el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; la Creación en todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; y la Reducción considerable de la corrupción y el soborno en todas sus formas.
La consecución de estos tres indicadores está condicionada a que el Estado logre llegar a todo el territorio nacional junto con su oferta institucional, particularmente en materia de justicia. A pesar de lo simple que suena y de lo complejo del proceso para cumplirlo, el impacto sería mayúsculo.
El reto implícito de estos tres indicadores se refiere a la prestación de servicios mínimos en el marco del imperio de la ley, a la prestación de los servicios de justicia para todos y a la capacidad de hacer que se cumpla. Además de la capacidad disuasiva de estas instituciones con respecto a delitos en contra de los derechos de los niños, la corrupción, el crimen organizado y todas las formas de violencia, el fortalecimiento del Estado en todo el territorio pretende que se brinden las condiciones para que el desarrollo se genere en entornos lícitos, donde haya alternativas más allá de la ilegalidad, como ocurre actualmente en algunas regiones de Colombia.
El fortalecimiento del Estado para la garantía de derechos
Además de cumplir con las metas globales establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsar la cobertura y fortalecimiento de las instituciones del Estado a lo largo de Colombia, con el apoyo de los países referentes en esta materia, es fundamental y es una de las claves para que haya una oferta de instituciones sólidas, que garanticen el gozo de los derechos de todos los colombianos, así como el acceso a una justicia efectiva, como aporte a la construcción de paz en los territorios en los que estos servicios públicos serían una novedad.
